RESPONSABILIDADES (Manuel Parra Celaya)

Los titulares de los periódicos del último día del año 2004 nos traen la noticia de la aprobación del Plan Ibarreche por el Parlamento Vasco. Dicha aprobación fue efectiva, como era previsible, gracias a los votos de tres diputados de Batasuna, llámese como se quiera. EL parlamento catalán se ha apresurado a manifestar su “respeto” por la decisión y ERC ha felicitado por el evento. EL lendakari ya ha anunciado un referéndum para la primavera y ha pedido entrevistarse con el sonriente ZP para iniciar las negociaciones.

Hasta aquí la noticia. En cuanto a sus repercusiones inmediatas, nada nuevo: lamento de pretendiente despechado del PSOE, protesta del PP porque la mayoría parlamentaria en la votación se consiguió con los votos batasunos, “a pesar de las promesas del lendakari”, con lo que éste ha quedado mal, pero que muy mal... En definitiva, “fuese y no hubo nada” que dijo don Miguel.

Empieza a notarse la urgencia de pedir responsabilidades. El asunto va mucho más allá del honor del Sr. Ibarreche en cuanto a su palabra –que a mí se me da un ardite- mucho más allá de una trampa legal, como las muchas a que nos tiene acostumbrados este “Estado de Derecho”; mucho más allá de juegos de partidos y de pactos en la sombra, de intereses económicos o de fanatismos racistas… El asunto se centra, nada más y nada menos, que en “la unidad indisoluble de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, como reconoce el artículo 2º de la Constitución vigente, si es que, efectivamente, aún sigue vigente y no nos hemos enterado.

Los gobiernos y los regímenes políticos tienen la obligación de tomar las riendas de un Estado en un momento determinado de la historia; no importa, si me apuran, cómo las tomen, si por las urnas, por la violencia o por aclamación, porque ejemplos sobrados tienen todos los pueblos de las tres modalidades y, si nos ponemos a hilar fino, no existe “ legalidad de origen” en ningún rincón; lo que importa es la “legitimidad de ejercicio”, en decir, si ese régimen o ese gobierno ha servido fielmente a ese Estado, instrumento a su vez de una colectividad histórica llamada Patria. Así, regímenes y gobiernos deben plasmar y administrar la actualización del proyecto nacional, institucionalizado con carácter de fundación.

De modo que regímenes y gobiernos pueden acertar, equivocarse, enmendar, corregir o reincidir; lo que no pueden hacer es arrogarse la capacidad de decidir un suicidio; trocear la herencia recibida y entregar las partes a las generaciones siguientes –y a regímenes y gobiernos siguientes-, del modo que los reyes medievales dividían los territorios entre sus hijos y deudos. Dicho más rotundamente, una Nación no es titularidad de régimen, gobierno, dinastía o constitución alguna, no les “pertenece”.

El régimen de Monarquía Parlamentaria que en estos momentos rige España no parece entenderlo así. Ni el Partido Socialista que nos gobierna. Por ello, la exigencia de responsabilidades va mucho más allá de tres diputados separatistas del brazo político de ETA, mucho más allá del PNV, de ERC y de los parlamentarios separatistas vascos, catalanes o de cualquier región autonómica…

La responsabilidad alcanza a los políticos y “expertos” que introdujeron la palabra “nacionalidades”, en la Constitución del 78, sabiendo que era una bomba de efectos retardados; y, si no lo sabían, también, porque se puede ser malvado pero no idiota…

La responsabilidad alcanza a todos los partidos, de izquierda, de derecha o de centro, que han transigido con las maniobras del separatismo por estúpidas razones de número de votos o por otros motivos menos confesables…

La responsabilidad alcanza a un gobierno del PP de mayoría absoluta, que dio una de cal y una de arena, que adoptó actitudes vergonzantes o irresponsables, como el desmantelamiento de un Ejército…

La responsabilidad alcanza a otras posibles fuerzas políticas, que nunca se han conformado como alternativa por estúpidas rencillas, personalismos y gigantesca falta de visión histórica…

La responsabilidad alcanza a la Corona, como representación del Estado español y como “motor del cambio”, que se dijo hace años, y que ha llevado la expresión de que “no está sujeta a responsabilidad” de un sentido puramente legal a un sentido práctico…

La responsabilidad alcanza a una amplia mayoría de los españoles, frívolos y ausentes del interés por la cosa pública, patriotas de pandereta y de Selección de Fútbol exclusivamente, que habrán comido las doce uvas de fin de año sin advertir que España se les está desmoronando de entre las manos…

A ellos y, lo que es peor, a sus hijos.

A lo mejor ha llegado el momento de volver a gritar el “Delenda est” orteguiano, si no queremos que lo que resulte destruido sea España.
Manuel Parra Celaya es Profesor de Enseñanza Secundaria