EL PODER POLÍTICO CONTRA EL PODER JUDICIAL (Julio de Santa Ana)

Recientemente de un tiempo a esta parte estamos asistiendo de forma insólita, totalmente perplejos y boqui-abiertos a las injerencias, abusos y continuos desplantes y claros ataques que provienen desde el poder político hacia el poder judicial.

La independencia del poder judicial es la suma de la independencia de todos y cada uno de los jueces, siendo ello un pilar fundamental en que se apoya y fundamente el Estado de Derecho de nuestra sociedad actual.

Este pilar está siendo soslayado por la clase política, sin respeto ni decoro hacia su independencia y en aras de justificar continuos intereses partidistas intentan socavar las firmes estructuras de la judicatura que día a día contempla con más descrédito y estupor, la politización y el clientelismo a la que se la intenta condenar.

Desde el CGPJ se ha presentado cara al Gobierno y se mantiene un difícil pulso en aras de preservar la propia libertad e independencia que goza por mandato constitucional y empieza a cuestionarse.
Así hace unos días hemos conocido que el máximo órgano de los jueces no descarta acudir al Tribunal Constitucional si el Gobierno mantiene su reforma judicial y plantear un conflicto de competencias, de aprobarse el actual texto contra la reforma que cambia el sistema de mayorías para la elección de los magistrados del TS y presidentes de tribunales superiores de las comunidades autónomas.
La injerencia gubernamental afecta a las competencias que tiene encomendadas el Consejo en la legislación vigente y como se recoge en el durísimo informe que se ha aprobado recientemente tal reforma del Ejecutivo afecta a una de las competencias del órgano de gobierno de los jueces y magistrados, y en concreto, a la relativa a los nombramientos judiciales, pudiendo incurrir tal reforma en un verdadero fraude de ley ya que se pretendería invadir la competencias actuales del Consejo.
Otro asunto reciente cuyos ecos no han desaparecido todavía es la polémica suscitada por el Consejo quien días pasados también aprobó solicitar a la Comisión de Estudios un informe sobre la regulación de matrimonios gays, al entender que se trata de una reforma «de una relevancia social rabiosa, que afecta al funcionamiento de los tribunales» y se trata de un «cambio histórico» en el que entra en juego el derecho a la igualdad, a la no discriminación por razón de sexo, la adopción de menores o la patria potestad, entre otras cuestiones importantes.
La magistratura defiende y entiende que esas materias entran dentro de las competencias que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 108, que establece y determina cuándo es procedente y conveniente que informe el CGPJ sobre los anteproyectos del Gobierno.
No resuelto ello, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, se ha mostrado en contra de la reforma legislativa que eliminará del Código Penal la imposición de penas de cárcel para aquellos convoquen referendos ilegales, puesto que, a juicio, aún "subsisten las razones" que motivaron al Gobierno del PP a crear el citado delito a finales del pasado año, subrayando la importancia de que la reforma del Código Penal se realice mediante proposición, en vez de presentarse como un proyecto de Ley, puesto que las proposiciones de ley no precisan de informe preceptivo por el Consejo General del Poder Judicial.
Como se evidencia la relación no puede ser peor toda vez que en declaraciones a Europa Press, se ha explicado que tal petición se efectúa "por pura coherencia con el pasado", ya que "cuando el PSOE era oposición solicitó" que la ley que ahora se quiere derogar "fuera remitida al CGPJ para informe, por lo que por coherencia con los actos de unos y otros y teniendo en cuenta la importancia de esta materia, debería ser remitida para informe" así como que "no hay razones de urgencia que justifiquen en absoluto que se omita el informe del CGPJ y del Consejo de Estado, por lo que juzgaríamos como absolutamente negativa la voluntad de respeto hacia el Poder Judicial".
Llegados a este punto no es de extrañar que la abrumadora victoria de la Asociación Profesional de la Magistratura en las elecciones a las Salas de Gobierno del Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia hayan supuesto una clara muestra de que los jueces no están conformes con la política judicial –de diálogo y consenso– del Ejecutivo de Zapatero. La carrera judicial deja claro cuál es su sentir.
En medios judiciales se comentaba que este resultado, en el que Jueces para la Democracia, asociación considerada como afín al Gobierno, ha obtenido peores resultados que Francisco de Vitoria, esta última sin representación en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual, es una respuesta clara de la carrera judicial que, de esta forma, pretende contrarrestar lo que parece que puede avecinar al Poder Judicial.
Fruto de estos resultados el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, ha manifestado que la decisión de aprobar en lectura única en el Congreso la reforma del sistema de elección de la cúpula judicial demuestra el "interés" del Gobierno por "llegar a tiempo para interferir en nombramientos en concreto que tienen nombres y apellidos" y que la tramitación por lectura única "supone eliminar la posibilidad de debate técnico de la ley" en comisión y por tanto permite "acelerar los trámites para que se apruebe en un tiempo menor" a través de un "procedimiento arbitrario y atropellado".
La urgencia en la tramitación demuestra que el interés del Gobierno es exclusivamente llegar a tiempo para interferir en nombramientos en concreto ya que en los próximos meses y hasta finales de enero están previstos varios nombramientos, entre ellos los de las presidencias de cuatro de las cinco salas del Tribunal Supremo por la jubilación de sus actuales titulares y la reforma supone una intromisión intempestiva del Poder ejecutivo en el Poder Judicial siendo inexplicables las razones de urgencia, máxime cuando estamos ante una ley que lleva en vigor 25 años.
La última “trifulca” se avecina tras la proposición de Ley del Parlamento catalán que obligaría a que los jueces conozcan la lengua propia de la Comunidad Autónoma en la que estén destinados. El Consejo acaba de pronunciar y calificar esta Ley como constitucionalmente dudosa. Una vez más volvemos a asistir atónitos al plan instrumental de control que desde la política se quiere hacer del poder judicial.
No debemos ni queremos consentirlo. No podemos permitir más el abuso y adulteración de la clase política hacia la independencia de los jueces, ni permitir que la Justicia permanezca ciega, muda y sorda ante el rodillo del poder, sin que éste se someta al imperio de la Ley.
La exigencia de un Poder Judicial verdaderamente fuerte e independiente en el Estado es la última garantía y el último resorte de que los derechos de los ciudadanos y de todos nosotros están debidamente a salvo, asegurados y salvaguardados, frente a la intromisión, el abuso y la tiranía a que nos somete la clase política desde los poderes públicos ”.
Julio de Santa Ana es abogado