¿LEGALIDAD VIGENTE? (Rafael Ibáñez Hernández)

¿LEGALIDAD VIGENTE?

Esta Ciudad en la que vivo padeció durante el anterior período un Ayuntamiento gobernado por los socialistas en coalición con los amigos de Llamazares y —durante un tiempo— representantes del nuevo castellanismo rancio de siempre. Habíanse hecho los progresistas con el gobierno de la Ciudad de un modo totalmente sorprendente, hasta el punto de que el equipo de Gobierno debió constituirse con elementos inicialmente designados por los citados partidos con el propósito de ejercitar la oposición. Vamos, en circunstancias muy similares a las que ha tenido que afrontar Zapatero, cuyo equipo no soñaba ocupar La Moncloa ni con la imaginación artificialmente agitada.. La principal consecuencia fueron cuatro años de absoluta inoperancia que —eso sí— dejaron las arcas totalmente exánimes, so capa de no pocos gestos dedicados a la galería.
Durante ese tiempo, fueron varias las muestras que estos progresistas dieron de su personal soberbia, que les hacía creerse por encima incluso de las leyes. Al poco tiempo de acceder al poder municipal, un concejal de IU adquirió una autocaravana. Dado el volumen del vehículo, tuvo que hacer obra para alzar la cubierta del tejado del garaje de su vivienda, pero “olvidó” solicitar la preceptiva licencia, lo que motivó un pequeño escándalo de ámbito local. Llegado el verano, este mismo concejal optó por disfrutar del nuevo bien en la costa cantábrica. Pero no debía contar con la posibilidad —que se materializó— de que los ciudadanos nos enterásemos de que había sido multado por aparcar y pernoctar en zona prohibida de una conocida playa. En su soberbia, este concejal —responsable del área de Medio Ambiente en la Ciudad— se permitió el lujo de dar ejemplo a sus conciudadanos declarando a la prensa: “No voy a pagar esa multa”.
Ignoro a estas alturas cómo se resolvieron estos expedientes, y supongo que el lector podría aportar otros casos a este incipiente anecdotario. No obstante, parece que su gravedad se acrecienta cuanto mayor es la responsabilidad del político que comete los desafueros. Debería Zapatero recordar que en el ordenamiento político español no existe la figura del presidente electo y la designación del sucesor de Aznar exige un largo trámite, más o menos tortuoso. No era —por tanto— procedente hacer pública con antelación la composición del nuevo gabinete, aunque fuera un procedimiento para acallar las numerosas voces que en el PSOE se alzaban durante el reparto del botín. Que esto ocurriera antes de que el Rey iniciara la preceptiva ronda de consultas es muy significativo del nuevo papel que le reservan a la Corona —¡y se quejaban de Aznar!—, pero que sucediera cuando ni siquiera se había constituido el órgano con competencia en la elección del nuevo presidente fue una peligrosa muestra de prepotencia y desprecio a la soberanía nacional representada en las Cortes.
Pero corto le dejaron algunos gobiernos autonómicos —entre ellos el de Cataluña, presidido por un socialista—, que inmediatamente después del 14-M hicieron pública su intención de no cumplir la Ley Orgánica de la Calidad de la Enseñanza. Ciertamente, no sería éste el primer caso en que el poder político desafía la legalidad: Atucha defendiendo a Otegui y sus colegas en el parlamento vasco, Aznar haciendo oídos sordos a la sentencia que le obligaba a desconcentrar las emisoras de Antena 3 de la Cadena Ser... No ha habido lugar para comprobar si estos poderes regionales cumplirían su amenaza, pues ésta surtió el efecto deseado en un Gobierno hipotecado hasta las últimas. Pero el reciente Decreto de paralización parcial de la aplicación de la LOCE deja ahora aparentemente en manos de los gobiernos autonómicos controlados por el PP la oportunidad de desoír al Gobierno de Zapatero, por mucho que sea éste quien haya roto el principio de jerarquía legislativa. Esta violación del ordenamiento jurídico vigente dejará abierta la espita por la que finamente desaparezca el gas constitucional que mantiene el globo de España en el aire. Al cometer esta consciente fractura de la legalidad, el gobierno de Zapatero —además de atentar, como amenaza, contra las bases permanentes de nuestra sociedad— cede argumentos a quienes —por ejemplo— animan la autodeterminación del País Vasco o de Cataluña.
Ante esta manifiesta debilidad del sistema político acaso sea el momento de plantearse cuestiones como la objeción de conciencia (serán muy sensibles a su vertiente fiscal) o la resistencia civil para enfrentarse a la nueva Transición, una nueva versión de aquella política que consistía en hacer legal lo que decían era normal en la calle. Una revolución política sustentada por una vieja fórmula: hacer creer que la sociedad ha cambiado para justificar el dinamitado del artificio constitucional, cuya voladura se llevará finalmente por delante cualquier vestigio de una nación que creíamos perenne.

Rafael Ibáñez Hernández es historiador.